Tal y como lo anunciaron el fiscal general de la Nación, el contralor y el procurador en Pereira fueron llamadas a imputación de cargos c...
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| Mónica Patricia Botero Montoya, secretaria privada de la Alcaldía |
Se trata de Mónica Patricia Botero Montoya, secretaria privada de la Alcaldía y Alexánder Galindo López , director de Gestión del Riesgo. Según la Fiscalía, de común acuerdo con tres contratistas de establecimientos comerciales de la ciudad firmaron 2 contratos donde la Administración compraba mercados para entregar a familias que no tenían un sustento por la pandemia, los mercados tenían un valor de 100 mil pesos.
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| Alexánder Galindo López , director de Gestión del Riesgo |
Los contratos
Durante la audiencia llevada a cabo durante la tarde de este jueves 4 de junio, el fiscal del caso expuso que el 30 de marzo de este año Mónica Patricia Botero expidió dos certificados favorables, consistente en el suministro de mercados por la atención de calamidad pública por el covid19; los certificados tienen el valor de 100 mil pesos por cada mercado y según lo manifestado, se ajustaban a los precios del momento; los dos contratos fueron para Emprender S.A., por un valor de 200 millones de pesos para comprar 2 mil kits alimenticios, y el otro a Bustos y Compañía por un valor de 800 millones de pesos para 8 mil kits alimenticios.
Según la Fiscalía en ambos contratos presuntamente se violaron los principios de moralidad, economía o imparcialidad, porque para llevar a cabo estos contratos debían mirar las mejores ofertas para que a más gente pudieran llevarle mercados; además de esto, los precios de los productos estaban por encima de los precios en los establecimientos pertenecientes a los contratistas. Asegura así el fiscal que inflaron el valor de cada producto al parecer para obtener más ganancias y así se produjo el detrimento al erario público por Emprender S.A. de 29 millones 3 mil 366 pesos y por Bustos y Compañía de 67 millones 819 mil 75 pesos.
Según la Fiscalía, el papel de Galindo López habría sido el de la fijación de precios aportando una oferta de un proceso anterior del mes de febrero para que los contratistas unificaran esos precios y así las cotizaciones fueron las mismas y con sobreprecio.
Los delitos
Los delitos imputados fueron contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público, en las audiencias virtuales ninguno de los imputados aceptó los cargos.
Dato
Recordemos que estas son apenas las audiencias preliminares y los funcionarios y contratistas tienen derecho a la presunción de inocencia. Las cinco personas cuentan con abogados defensores de renombre nacional.
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