El viernes 25 de marzo, los afectados del deslizamiento y la avalancha del río Otún que ocurrió el 8 de febrero realizaron una protesta de...
El viernes 25 de marzo, los afectados del deslizamiento y la avalancha del río Otún que ocurrió el 8 de febrero realizaron una protesta después de conocer que las viviendas que desalojaron después de la emergencia serían demolidas, pero por ahora esto no va a suceder.
El proceso de destrucción de las viviendas solo se llevará a cabo cuando se reubique a las personas damnificadas o cuando se les compre sus viviendas. Lo que sí es obligatorio, es que las personas que aún permanecen en sus casas las desalojen.
Aún persiste un alto riesgo de deslizamiento en la zona, especialmente por las lluvias que azotan por estos días a la ciudad y que pueden incrementarse en los próximos dos meses.
Así lo manifestó el alcalde de Pereira, Carlos Maya López, durante una reunión con los afectados.
Las personas de esta comunidad expresaron varias dudas e inconformismos con diferentes situaciones: uno de los puntos más álgidos de la discusión, fue por cuenta de la orden de
demolición de las viviendas, principal causa de la protesta realizada por ellos; el mandatario fue reiterativo en señalar que hay una orden de un juez que ordena el desalojo, pero no la demolición.
Todo indica que en la directriz emitida por un inspector de policía, se cometió el error de poner la palabra demolición en vez de desalojo.
Hay que recordar que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, destinó unos recursos para la construcción de viviendas y reubicar a las familias afectadas, estas se edificarían en el Plan Parcial Ukumarí, ubicado en el corregimiento Cerritos de Pereira.
Esta no es la única opción que tienen los damnificados, ya que también está sobre la mesa,
la posibilidad de venderle las desalojadas a la Alcaldía, para lo cual sería necesario efectuar
un avalúo de los predios lo que implica la contratación de una lonja de propiedad raíz que se encargue de dicho proceso.
Subsidio de arriendo
Aunque la comunidad entiende las razones para el desalojo, solo piden a la Administración
municipal que les permita tener sus enseres en las viviendas desalojadas, ya que con el subsidio de arrendamiento que les suministran por parte de la Alcaldía ($332.000 mensuales) no les alcanza para alquilar una vivienda sino una pieza y no les caben todas las pertenencias.
Dato
Ya no se solicitará el recibo del predial de la vivienda que van a arrendar los damnificados, solo deben presentar los recibos de servicios públicos.
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