Desde las primeras horas de la mañana, funcionarios del CTI de la fiscalía y el Gaula militar de Risaralda llegaron a las instalaciones de l...
Desde las primeras horas de la mañana, funcionarios del CTI de la fiscalía y el Gaula militar de Risaralda llegaron a las instalaciones de la empresa Serviciudad en el municipio de Dosquebradas.
El motivo de su presencia era la recolección de elementos materiales probatorios en el marco de una investigación sobre presuntos hechos de corrupción relacionados con unos contratos. Durante la operación, los funcionarios del CTI extrajeron información de los computadores y llevaron a cabo la incautación de documentación relevante. Se sospecha que la presunta corrupción podría estar relacionada con la desviación de recursos en los contratos en cuestión. La intervención se llevó a cabo tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre posibles irregularidades.
La fiscalía ordenó el allanamiento como parte de una inspección detallada de los contratos para confirmar la existencia de cualquier tipo de irregularidad en los procesos de contratación. Aunque se realizaron acciones de búsqueda de pruebas, no se realizaron capturas durante el operativo y se llevaron sólo cuatro contratos para ser analizados. El gerente de Serviciudad, Fernando José Da Pena, llegó a las instalaciones y cooperó con los investigadores durante todo el día. Se mantuvo tranquilo y se reunió con los funcionarios en su oficina para atender los requerimientos de la investigación. El proceso sigue en curso, y las autoridades están revisando minuciosamente la información recopilada y extraída de los computadores para determinar posibles acciones legales en el futuro.
El motivo de su presencia era la recolección de elementos materiales probatorios en el marco de una investigación sobre presuntos hechos de corrupción relacionados con unos contratos. Durante la operación, los funcionarios del CTI extrajeron información de los computadores y llevaron a cabo la incautación de documentación relevante. Se sospecha que la presunta corrupción podría estar relacionada con la desviación de recursos en los contratos en cuestión. La intervención se llevó a cabo tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre posibles irregularidades.
La fiscalía ordenó el allanamiento como parte de una inspección detallada de los contratos para confirmar la existencia de cualquier tipo de irregularidad en los procesos de contratación. Aunque se realizaron acciones de búsqueda de pruebas, no se realizaron capturas durante el operativo y se llevaron sólo cuatro contratos para ser analizados. El gerente de Serviciudad, Fernando José Da Pena, llegó a las instalaciones y cooperó con los investigadores durante todo el día. Se mantuvo tranquilo y se reunió con los funcionarios en su oficina para atender los requerimientos de la investigación. El proceso sigue en curso, y las autoridades están revisando minuciosamente la información recopilada y extraída de los computadores para determinar posibles acciones legales en el futuro.
COMENTARIOS