Diana Marcela Romero, de 38 años y residente en Pereira, ha llevado una batalla judicial durante tres años contra su excompañero sentimental...
Diana Marcela Romero, de 38 años y residente en Pereira, ha llevado una batalla judicial durante tres años contra su excompañero sentimental, un funcionario público, por un caso de violencia intrafamiliar. Desde entonces, el proceso judicial se ha visto plagado de obstáculos y retrasos. La mujer ha expresado su temor por la falta de avances y ha tenido que abandonar la ciudad por su seguridad.
Recordemos:
El día 24 de diciembre de 2021, Diana Marcela decidió poner fin a la relación que mantenía con un funcionario público, con quien convivía en un apartamento que él le había arrendado. Según su relato, él ya mostraba comportamientos controladores, como imponer restricciones sobre con quién hablar, cómo vestirse y responder llamadas. Ese día, tras pedirle que retirara sus pertenencias del apartamento, la discusión escaló: en presencia de su hijo de cuatro años, él la agredió físicamente, intentando ahorcarla y golpeándola en la cabeza. Diana logró refugiarse con su hijo en una habitación y pidió auxilio a la Policía. El agresor fue detenido pero liberado al día siguiente, mientras ella seguía en la clínica.
Que ha pasado:
Diana Marcela denuncia intentos del acusado por silenciarla, primero con la oferta de un principio de oportunidad y luego con un contrato de silencio, proponiéndole sumas millonarias. La víctima insiste en que no busca compensación económica, sino justicia. Además, ha acusado a su excompañero de negar la relación sentimental, calificándola únicamente como una inquilina con la que tuvo intimidad, a pesar de las evidencias y un fallo de la Comisaría de Familia que confirma el caso de violencia intrafamiliar. El acusado apeló el fallo sin éxito ante los Tribunales y la Corte Suprema de Justicia.
Diana Marcela ha perdido dos empleos por su agresor, las audiencias judiciales y critica la actuación del fiscal 15 Seccional de Pereira, quien lleva su caso desde 2021. Según ella, el fiscal no trasladó pruebas clave al juzgado, como la entrevista de su hijo de cuatro años realizada por un perito, fotografías que demostraban la convivencia, fallos previos, y videos que evidencian la relación. “No hay garantías”, declara, sintiéndome tratada como la demandada en lugar de la víctima.
Actualmente, el caso se encuentra en juicio oral. En la última audiencia que fue el 18 de noviembre del presente año, el abogado del acusado solicitó una suspensión tras una interrupción por el timbre de un celular en la sala de mi testigo, extendiendo el proceso hasta marzo de 2025.
El día 24 de diciembre de 2021, Diana Marcela decidió poner fin a la relación que mantenía con un funcionario público, con quien convivía en un apartamento que él le había arrendado. Según su relato, él ya mostraba comportamientos controladores, como imponer restricciones sobre con quién hablar, cómo vestirse y responder llamadas. Ese día, tras pedirle que retirara sus pertenencias del apartamento, la discusión escaló: en presencia de su hijo de cuatro años, él la agredió físicamente, intentando ahorcarla y golpeándola en la cabeza. Diana logró refugiarse con su hijo en una habitación y pidió auxilio a la Policía. El agresor fue detenido pero liberado al día siguiente, mientras ella seguía en la clínica.
Que ha pasado:
Diana Marcela denuncia intentos del acusado por silenciarla, primero con la oferta de un principio de oportunidad y luego con un contrato de silencio, proponiéndole sumas millonarias. La víctima insiste en que no busca compensación económica, sino justicia. Además, ha acusado a su excompañero de negar la relación sentimental, calificándola únicamente como una inquilina con la que tuvo intimidad, a pesar de las evidencias y un fallo de la Comisaría de Familia que confirma el caso de violencia intrafamiliar. El acusado apeló el fallo sin éxito ante los Tribunales y la Corte Suprema de Justicia.
Diana Marcela ha perdido dos empleos por su agresor, las audiencias judiciales y critica la actuación del fiscal 15 Seccional de Pereira, quien lleva su caso desde 2021. Según ella, el fiscal no trasladó pruebas clave al juzgado, como la entrevista de su hijo de cuatro años realizada por un perito, fotografías que demostraban la convivencia, fallos previos, y videos que evidencian la relación. “No hay garantías”, declara, sintiéndome tratada como la demandada en lugar de la víctima.
Actualmente, el caso se encuentra en juicio oral. En la última audiencia que fue el 18 de noviembre del presente año, el abogado del acusado solicitó una suspensión tras una interrupción por el timbre de un celular en la sala de mi testigo, extendiendo el proceso hasta marzo de 2025.
La cifra:
15 millones de pesos es la suma que el funcionario público le ofreció a Diana Marcela para que firmara un contrato de silencio.
La cifra:
Tres años completa esta mujer de lucha judicial, lo que le ha costado dos empleos y el cambio de residencia.
Dato:
Diana Marcela solicitó al Ministerio Público que garantice su acompañamiento y vigilancia en el proceso, para asegurar que se respeten sus derechos y se mantenga el debido proceso.
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