La Fiscalía 18 Seccional venció en juicio a Anderson Leandro García Orrego y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira lo declaró responsable del atentado criminal a Carlos Giovanni Mejía Serna, ocurrido el 24 de septiembre de 2017 en el barrio Galán de Pereira.
¿Qué pasó?
Los hechos ocurrieron hacia las 12:30 de la madrugada, frente a una vivienda ubicada en la manzana 2, cuando la víctima le pidió a García Orrego que dejara de molestar a un amigo identificado como Alejandro. El juez indicó que la reacción del hoy condenado fue desproporcionada.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía 18 Seccional, Anderson Leandro golpeó a Carlos Giovanni hasta hacerlo caer al suelo y luego tomó una botella despicada con la que le ocasionó múltiples heridas en el rostro y el cuello.
Mientras la víctima permanecía indefensa y perdía el conocimiento debido a la gravedad de las lesiones, el agresor buscaba más pedazos de vidrio para seguir atacándolo. Al no encontrarlos, le pidió a una tercera persona que le pasaran una navaja porque quería matarlo. La agresión solo terminó gracias a la intervención de un vecino del sector, quien evitó que el ataque continuara.
Carlos Giovanni Mejía Serna fue trasladado inicialmente a la clínica de Turín y, debido a la gravedad de su estado, remitido posteriormente al Hospital Universitario San Jorge de Pereira.
Perdió el ojo
El dictamen de Medicina Legal reveló la magnitud de las lesiones. La víctima sufrió múltiples heridas en la cabeza y el rostro, una grave lesión en el ojo izquierdo con desprendimiento de retina y una herida penetrante en el globo ocular. Como consecuencia del ataque, perdió de manera definitiva parte de la visión de ese ojo.
Además, los médicos forenses concluyeron que las heridas comprometieron seriamente su vida y que, de no haber recibido atención médica inmediata, el desenlace habría sido fatal.
La condena
Tras valorar las pruebas presentadas durante el juicio, el juez declaró culpable a Anderson Leandro García Orrego por el delito de tentativa de homicidio y le impuso una pena de 104 meses de prisión, equivalente a 8 años y 8 meses. Aunque recibió la pena mínima por no registrar antecedentes penales, el despacho le negó la detención domiciliaria y ordenó su captura para que cumpla la condena en un establecimiento carcelario. La defensa apeló la sentencia, por lo que será el Tribunal Superior el encargado de decidir si confirma o modifica la condena impuesta.