Jhon Edier Agudelo Vargas, alias Johana, de 41 años, y Nicolás Gutiérrez Castro, alias Colas, de 25, fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en la tortura y asesinato de Brahian Bernardo Bedoya Montoya, un joven de 23 años cuyo cuerpo fue hallado enterrado en una zona rural de Dosquebradas. Según la Fiscalía, integrantes de la banda Los Rebeldes lo habrían asesinado al creer que era un infiltrado de La Cordillera.
¿Qué pasó?
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía 18 seccional de Vida reveló detalles del crimen. La investigación comenzó el 21 de agosto de 2025, cuando el abuelo de Brahián denunció su desaparición. El joven había sido visto por última vez el 11 de junio de 2025, cuando salió de la casa de su novia en motocicleta hacia el barrio La Churria, de Pereira, donde, según dijo, iba a cobrar un dinero y a prestar un servicio de seguridad. Desde ese momento desapareció.
La familia no denunció de inmediato porque reside en España y habrían realizado el reporte por internet, pero este nunca quedó registrado.
La novia de la víctima contó a los investigadores del CTI que Brahian le había confesado que trabajaba para la banda Los Rebeldes haciendo «vueltas raras, complicadas», es decir, como sicario. También recordó que, antes de desaparecer, le manifestó que estaba pensando en alejarse de esa vida.
La noche del 11 de junio recibió un mensaje de él en el que decía que estaba en Manizales haciendo un trabajo por el que le pagarían bien. Sin embargo, la mujer aseguró que ese mensaje le pareció extraño porque no era la forma habitual en que él escribía. Días después recibió una llamada en la que le dijeron que tenían retenido a Brahian y le exigieron dinero para dejarlo libre. La mujer hizo varias consignaciones por Nequi, pero nunca volvió a saber de él.
Lo confundieron
Uno de los testimonios que recopiló el CTI señala que Brahián llegó al barrio La Churria buscando trabajo en la «olla». Como era una persona desconocida en el sector, los integrantes de Los Rebeldes sospecharon que pertenecía a La Cordillera y que estaba haciendo inteligencia para esa organización rival; lo habrían retenido a la fuerza y llevado a una vivienda donde lo amarraron de pies y manos, lo golpearon para hacerlo «cantar», lo torturaron y finalmente lo estrangularon con una cuerda.
Uno de los testigos aseguró que alias Johana fue quien le pasó la cuerda por el cuello hasta quitarle la vida, mientras alias Colas habría participado en el crimen y luego ayudó a sacar el cuerpo.Después de asesinarlo, metieron el cuerpo en un vehículo y alias Colas ayudó a transportarlo hasta una zona boscosa de la vereda La Rivera Alta, en Dosquebradas, donde lo enterraron para que nadie lo encontrara.
Otro exintegrante de Los Rebeldes, que colaboró con la investigación, aseguró que el homicidio de Brahian fue uno de los más impactantes dentro de la organización, pues lo mataron convencidos de que había llegado al barrio para infiltrar a la banda. También señaló que alias Johana era quien ordenaba homicidios, manejaba cuentas del negocio del narcotráfico y estaba relacionado con desapariciones. Ese testigo abandonó posteriormente el programa de protección y meses después murió en Ecuador.
Lo hallaron meses después
Gracias a la información entregada por uno de los testigos, el 16 de septiembre de 2025 un grupo de exhumaciones del CTI, encontró la fosa clandestina. Allí estaban los restos de Brahián en avanzado estado de descomposición.La necropsia realizada por Medicina Legal confirmó que el joven murió de forma violenta y que antes de ser asesinado fue víctima de torturas y malos tratos.
Una guerra
Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que Los Rebeldes protagonizaron una sangrienta guerra con La Cordillera, que dejó más de 124 homicidios en el Área Metropolitana durante el año 2025, y advirtió que sus integrantes serían tan peligrosos que incluso son capaces de matarse entre ellos mismos por simples sospechas.
A prisión
La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado en concurso con tortura y, además, a alias Johana el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municione, cargos que ninguno aceptó; el Juzgado Trece Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira acogió la solicitud del ente acusador y les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.