Aunque los casos de delitos sexuales con menores de edad son aberrantes y reprochables, la investigación contra Miguel Ángel Méndez Álvarez, revela una realidad que no se conocía: la comercialización de videos de contenido sexual con niños, niñas y adolescentes, incluso desde los 3 años de edad, todos realizados en la región. Según la fiscalía, este podría ser el más aterrador de los últimos tiempos y evidencia una red en la que incluso participan mujeres cometiendo violaciones.
¿Qué pasó?
Como ya lo informó este medio cuando se produjo la captura de Méndez Álvarez, este utilizaba un equipo de cómputo de la empresa en la que laboraba en la ciudad de Pereira para intercambiar y ofrecer los videos de contenido sexual. Se presume que el hombre de 21 años vendía el derecho para ingresar a un canal o grupo en el que se compartía material pornográfico a través de una aplicación de mensajería instantánea. Incluso este le llegó a tomar fotos a su jefe cuando iba con pantalones apretados o escotes y las compartía en la plataforma.
El caso es tan aberrante que en la audiencia, la fiscal manifestó que lleva muchos años manejando delitos sexuales y nunca había conocido casos como este, en especial porque hay bebés involucrados.
Según lo narrado por la fiscal, el joven usaba la aplicación de mensajería Telegram, que abría en el computador portátil de propiedad de la empresa donde el laboraba, para compartir los videos y en el computador también almacenó material de abuso sexual infantil.
La investigación evidenció que el 19 de abril del año 2025, interactuó con una persona cuya identidad está por establecer, a través de la aplicación Telegram, quien le solicitó videos de violaciones y de este recibió múltiples grabaciones de ataques sexuales de personas cuya edad exacta no se pudo establecer.
Así mismo, el 22 de octubre del año 2025, recibió 17 videos de material de abuso sexual infantil, incluso de mujeres cometiendo actos sexuales con niños de 6, 8 y 11 años de edad y de niñas entre 8 y 11 años de edad, siendo abusadas por sujetos.
Vendía el contenido
Según la fiscalía, desde el perfil de Miguel Angel en Telegram, por un valor de $10.000 y $15.000, se ofreció acceso a un grupo o canal donde se estaba compartiendo el material de agresiones sexuales, chantaje o extorsión, violencia sexual y presuntas prácticas de esclavitud.
Durante las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal narró hechos puntuales como una violación a un menor entre los 4 a 6 años de edad. Otra a una menor entre los 15 y 17 años de edad en estado de temor mientras es grabada.
La fiscalía argumentó que Miguel Angel prometió en sus conversaciones conseguir material nuevo para compartir en los grupos.
No aceptó
La fiscalía 38 seccional de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) de la Seccional Risaralda le imputó el delito de pornografía con persona menor de 18 años, en 40 eventos, cargos que no aceptó.
Llamó la atención que mientras la fiscal narraba con horror el contenido de los vídeos, Miguel Angel sonreía, lo que generó indignación de la funcionaria, quien pidió respeto.
El ente acusador solicitó medida aseguramiento en centro carcelario, y el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Dosquebradas considerando lo argumentado por las partes resolvió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión.
El abogado apeló la decisión, solicitado una medida de detención domiciliaria. La fiscalía argumentó que sí es necesaria la medida de aseguramiento en centro carcelario, porque él desde la casa compartió el material para ganar dinero, lo cual podría seguir haciendo.
Dato
En los equipos que habrían sido utilizados por Méndez Álvarez desde el 19 de abril al 22 de octubre de 2025, fueron hallados más de 40 videos y fotografías con material explícito.
Dato
Miguel Ángel sería una pieza de la industria criminal, pero aún se desconoce la identidad de quienes cometen los abusos sexuales y graban los videos para luego venderlos.
La investigación
La ardua investigación fue adelantada por investigadores del CTI de la Fiscalía de Pereira y la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia con la Fiscalía 38 Seccional de Pereira. La orden de captura se hizo efectiva el 4 de mayo mediante un registro y allanamiento en el conjunto residencial Terra Grata, en el municipio de Dosquebradas.