Francisco Javier Medina Carvajal, exalcalde de Mistrató, César Augusto Ortega Ramírez el contratista de la obra y Óscar Darío Franco Giraldo son investigados por presuntas irregularidades con un contrato firmado por el municipio de Mistrató en el año 2019, por un valor de casi 3 mil millones de pesos. Este contrato tenía como objetivo mejorar las carreteras rurales del municipio, dentro del marco de los acuerdos de paz.
¿Qué pasó?
La Fiscalía 23 especializada de la Unidad Nacional de Anticorrupción los investiga porque, al parecer, hubo irregularidades en la adjudicación del contrato. Francisco Javier Medina, en calidad de alcalde, fue el encargado de firmar el contrato y presentar el proyecto para mejorar las vías. Por su parte, Óscar Darío Franco, quien era el secretario de Planeación del municipio, jugó un papel clave en la preparación del contrato. Él, como responsable de la planificación, estableció los requisitos para poder participar en la licitación, es decir, los documentos necesarios para que las empresas pudieran postularse.
Irregularidades en los requisitos
Según la fiscalía, el problema principal es que el secretario de Planeación del municipio, al establecer los requisitos, incluyó exigencias que no tenían nada que ver con el tipo de contrato que se estaba firmando. Por ejemplo, pidió que las empresas presentaran perfiles de profesionales con experiencia en consultoría y asesoría, algo que no era necesario para un contrato de obras públicas, que solo requería la ejecución de trabajos en las vías. Estas condiciones hicieron que solo un grupo muy específico de empresas pudiera participar, lo que limitó la competencia y favoreció a un único grupo: el Consorcio Placahuella 2019.
El único en competir
Este consorcio Placahuella 2019, que estaba formado por las empresas Las Ingenierías SAS (dirigida por César Augusto Ortega Ramírez) y Distrie Corsas (representada por Euclides Correa Salas), fue el único que cumplió con los requisitos y, por lo tanto, el único que pudo participar en la licitación. Esto significa que, aunque se debería haber dado la oportunidad a otras empresas, solo una tuvo la posibilidad de ganar, lo que levantó sospechas sobre la transparencia del proceso.
Al parecer, el proceso de selección para el contrato no fue justo. El Consorcio Placahuella 2019 fue el único que cumplió con los requisitos para continuar, lo que significa que no hubo competencia real entre diferentes empresas. Los factores que se evaluaron, como la experiencia y las capacidades de la empresa, fueron establecidos de tal manera que favorecían a esta empresa en particular. Al final, el comité recomendó darle el contrato a Placahuella 2019, y esa recomendación fue aceptada. Esto demuestra que el proceso no fue transparente ni abierto, sino que ya estaba dirigido a favorecer a una sola empresa desde el principio.
Uso no autorizado de documentos
Además, durante la presentación de la propuesta, se descubrió que el consorcio usó documentos y firmas de personas sin su permiso. Por ejemplo, utilizaron las hojas de vida y la experiencia de profesionales como Dunella Maya Sánchez, quien trabajaba en Las Ingenierías SAS, sin que ella hubiera autorizado el uso de su información. También se encontraron otras firmas que fueron utilizadas sin permiso, lo que muestra una manipulación en el proceso de licitación.
Evaluación sin competencia real
El 12 de mayo de 2019, se reunió un comité para evaluar las propuestas. En esa reunión, Medina Carvajal y Franco Giraldo asignaron al Consorcio Placahuella 2019 una calificación de 495 puntos de 500 posibles. Sin embargo, como no hubo competencia real (solo un proponente), no hubo una verdadera comparación entre las empresas. Esto confirma que el proceso estaba dirigido desde el principio para que esta empresa ganara el contrato, dijo el fiscal en la audiencia.
El comité recomendó otorgarle el contrato, lo que se formalizó el 29 de mayo de 2019, sin que se detectaran irregularidades en el proceso, lo que generó dudas sobre la falta de competencia real.
Imputación
Por todo esto, la Fiscalía les imputó cargos a los tres implicados: para el exlacalde y el exsecretario de Planeación el delito de contrato sin cumplir con los requisitos legales, mientras que para César Augusto Ortega Ramírez, falsificación de documentos y violación de datos personales. Pero ninguno de los investigados aceptó los cargos ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Belén de Umbría. Aunque están vinculados al proceso judicial, no fueron privados de la libertad y seguirán libres mientras se resuelve el caso.