El patrullero Juan Carlos Martínez Sánchez y el intendente jefe Francisco Leandro Gutiérrez fueron cobijados con medida de aseguramiento en detención domiciliaria por decisión del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Mistrató.
Ambos son investigados por la Fiscalía como presuntos colaboradores del Clan del Golfo, organización a la que, al parecer, habrían suministrado información y favorecido a cambio de dinero y otros beneficios, poniendo en riesgo una de las operaciones más importantes adelantadas contra esa estructura criminal en Risaralda.
La Fiscalía pidió cárcel
Durante la audiencia, la Fiscalía 28 Seccional de Administración Pública de Pereira solicitó que los dos uniformados fueran enviados a un centro carcelario. El ente acusador sustentó su petición en las declaraciones de María Camila Rojas Valencia, compañera sentimental de alias el Indio, presunto integrante del Clan del Golfo, quien aseguró que los policías colaboraban con esa organización. Según la Fiscalía, ese testimonio fue respaldado con otros elementos de prueba.
Además, el fiscal advirtió que los procesados podrían obstaculizar la investigación debido a su experiencia en la Policía Judicial, alterando u ocultando pruebas o influyendo sobre testigos. También aseguró que existe riesgo para las víctimas, pues la testigo manifestó haber recibido amenazas y presiones para guardar silencio. A esto se sumó el argumento de un posible riesgo de fuga por la gravedad de los delitos investigados.
La defensa
El abogado defensor pidió la libertad de los uniformados y cuestionó la credibilidad de la principal testigo, indicando que rindió sus declaraciones mientras permanecía privada de la libertad por otro proceso y que no existen pruebas de amenazas recientes ni evidencias de que sus clientes hayan intentado interferir en la investigación.
La defensa también resaltó el arraigo familiar y laboral de los procesados. Señaló que Francisco Leandro Gutiérrez está pensionado de la Policía, trabaja en una empresa privada y tiene una hija menor de edad. En cuanto a Juan Carlos Martínez Sánchez, indicó que lleva 19 años en la institución, carece de antecedentes penales y tiene una hija con afectaciones psicológicas y psiquiátricas.
La decisión de la juez
La juez concluyó que, por ahora, existen suficientes elementos para considerar que los dos policías, al parecer, sí tuvieron contacto con integrantes del Clan del Golfo y presuntamente les habrían entregado información que pudo beneficiar a esa organización criminal. También señaló que la principal testigo declaró por voluntad propia y que durante ese procedimiento no se violaron sus derechos.
La juez también consideró que dejar en libertad a los dos uniformados representaba un riesgo para la comunidad, ya que, de acuerdo con la investigación, habrían aprovechado sus cargos para favorecer, presuntamente, a una organización criminal.
No obstante, la juez tuvo en cuenta que ambos cuentan con arraigo familiar, social y laboral, son padres de familia y no registran antecedentes penales ni sanciones disciplinarias relevantes durante su carrera en la Policía Nacional. Por estas razones, la juez negó el traslado a un centro carcelario y les concedió la medida de detención domiciliaria mientras continúa el proceso judicial.
Los delitos del patrullero
Juan Carlos Martínez Sánchez es investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, cohecho propio y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, conductas que, de ser demostradas, contemplan penas que pueden superar los 20 años de prisión.
Los delitos del Intendente jefe
Francisco Leandro Gutiérrez deberá responder por los presuntos delitos de prevaricato por acción agravado, cohecho propio y favorecimiento, por los cuales la ley establece penas que pueden superar los 18 años de prisión, dependiendo del resultado del proceso judicial.