Aunque el proceso judicial continúa y la Fiscalía mantiene las acusaciones en su contra, tres de los principales investigados por las presuntas irregularidades en el contrato de las fiestas del aniversario de Dosquebradas recuperaron la libertad por decisión de un juez.
Se trata de Yolima María Bueno Mendoza, exsecretaria de Cultura, Recreación y Deportes y actual secretaria de Desarrollo Social; Carlon Londoño Sánchez, concejal de Belén de Umbría por el Partido Liberal; y Jorge Augusto Arias Orozco, representante legal de la Fundación Marchando por Colombia.
La decisión fue adoptada este jueves 11 de junio por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Dosquebradas, tras una solicitud presentada por los abogados defensores Santiago Martínez Parra, quien representa a Carlon Londoño; Luis Miguel Campos Borja, defensor de Yolima Bueno Mendoza; y Daniel Becerra, integrante del equipo jurídico que asumió la defensa dentro del proceso, liderado por la firma de abogados Renato Marín.
Libres
Durante la audiencia, los defensores argumentaron que se había superado el término legal para iniciar el juicio oral. La juez analizó el expediente y concluyó que han transcurrido más de 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que comenzará el juicio, situación que da lugar a la libertad por vencimiento de términos.
La juez determinó que efectivamente se vencieron los términos para el inicio del juicio oral.
La Fiscalía se opuso y sostuvo que parte de los retrasos se debían a solicitudes y recursos presentados por la defensa. Sin embargo, la juez concluyó que esas actuaciones hacen parte del derecho que tienen los procesados a defenderse y no fueron maniobras para retrasar el caso. Además, indicó que los problemas de congestión en los juzgados y las demoras propias del sistema judicial no pueden afectar a los procesados ni ser una razón para mantenerlos privados de la libertad más allá del tiempo permitido por la ley.
El proceso sigue
La decisión no significa que los procesados hayan sido declarados inocentes ni que el caso haya terminado. Por el contrario, el caso seguirá su curso normal y serán las audiencias de juicio oral las que determinarán si existe o no responsabilidad penal en los hechos investigados.En otras palabras, los procesados quedaron libres mientras avanza el proceso, pero continúan vinculados a la investigación.
El millonario contrato
El caso está relacionado con un convenio firmado en 2022 para la realización de las actividades del aniversario número 50 de Dosquebradas. El contrato, que superó los 761 millones de pesos, fue suscrito con la Fundación Marchando por Colombia y actualmente es objeto de investigación por presuntas irregularidades en su ejecución.
Según la Fiscalía, el contrato habría sido ejecutado realmente por el concejal de Belén de Umbría, Carlon Londoño Sánchez, pese a que formalmente el contratista era Jorge Augusto Arias Orozco, representante legal de la fundación.
La investigación también sostiene que Yolima María Bueno Mendoza, en su calidad de ordenadora del gasto; las supervisoras del convenio; y el contratista certificaron que el objeto contractual se había cumplido satisfactoriamente, pese a que, según el ente acusador, los recursos habrían sido manejados por una persona diferente al contratista oficial.
De acuerdo con las investigaciones, cerca de 242 millones de pesos de recursos públicos habrían sido apropiados presuntamente en favor de un tercero, que sería el concejal Carlon Londoño Sánchez.